Procesan al dueño de una concesionaria por ocupar la colectora de Panamericana
⚖️ Un empresario bajo investigación judicial
La Justicia Federal procesó en las últimas horas al propietario de la agencia Autos Pilar Premium, acusándolo del delito de desobediencia a funcionario público.
La medida fue dictada por el juez Adrián González Charvay, quien también ordenó un embargo sobre los bienes del empresario por un monto total de 300 millones de pesos.
Si bien el empresario permanecerá en libertad mientras avance la causa, enfrenta una pena que podría llegar hasta un año de arresto, ya que se trata de un delito excarcelable.
🚧 Reincidencia tras el desalojo judicial
La causa se originó en agosto del año pasado por una denuncia del ombudsman de Pilar, Adrián Maciel, ante Vialidad Nacional, alertando que varias agencias de autos ocupaban de manera permanente el espacio verde de la colectora de Panamericana, a la altura del kilómetro 39,5.
Un mes después, Autopistas del Sol, concesionaria de la traza, formalizó una denuncia ante Gendarmería Nacional. Esto derivó en un operativo sorpresa encabezado por la Prefectura Naval Argentina, donde se retiraron los vehículos exhibidos por las agencias Blue Car, FDG Motors y Autos Pilar Premium.
Pese al desalojo, el empresario volvió a colocar vehículos en el mismo sector apenas una semana más tarde.
🚙 Secuestro de autos de lujo
Como consecuencia de esta reincidencia, la Justicia ordenó el secuestro de nueve vehículos de alta gama, entre ellos:
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3 Toyota Hilux
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2 Ford Ranger
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1 Audi Q5
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1 Kia Carnival CRDI
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1 Peugeot 208
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1 Volkswagen Amarok
El valor total de los rodados incautados fue estimado en $476.612.500. Estos vehículos permanecen bajo custodia de la Agrupación Albatros, a disposición del magistrado interviniente.
📄 Denuncia por apropiación del espacio público
La denuncia de Autopistas del Sol sostiene que las agencias se habían apropiado del espacio público de forma ininterrumpida, utilizándolo como una extensión de sus playas de venta, en lugar de estacionar temporalmente los vehículos.
Según el planteo judicial, esta práctica representaba un riesgo para la seguridad vial y una ocupación indebida de un sector que debía mantenerse libre.


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